domingo, 23 de junio de 2013

Gestión pública y creación de valor


La función pública tiene la doble misión de administrar la riqueza de la nación e incrementar ese valor. Si nos limitamos solamente a la primera tarea, con el tiempo se corroe, degrada y disminuye lo que fue creado por nuestros antepasados. ¿Estamos creando valor o solamente administrando el que fue creado el siglo pasado? 

El Estado es un buen ejemplo de la tragedia de los comunes: al no pertenecerle a nadie, depende de la custodia de la nación, la cual ejerce su soberanía eligiendo representantes de turno para que gestionen dicha custodia, que se refiere tanto a la administración como a la creación de nuevo valor.

La gestión pública es compleja y complicada. Requiere, en parte, resolver los problemas que se acarrean desde tiempo atrás. Además, debe velar por los problemas actuales, sobre todo aquellos que son periódicos e incluso cotidianos. Encima de ello, debe ser capaz de visualizar escenarios futuros de los conflictos presentes e imaginar soluciones que los transformen eficazmente con una visión de prosperidad que sea comunicada a la ciudadanía en busca de adeptos, aportes voluntarios y generación de confianza.

Paralelo a esta titánica tarea, el Estado debe ser capaz de reformarse a sí mismo, de actualizarse a los tiempos, de corregir fallas sistémicas que mejoren su quehacer y lo conviertan en una organización más eficaz para satisfacer las necesidades de la población.

Por si fuera poco, el Estado está constreñido por el principio de legalidad, que exige al funcionario público hacer sólo aquello que esté expresamente mandado por ley. En parte, en esto hemos fallado cuando personas del ámbito privado asumen puestos públicos y continúan comportándose como sujetos privados regidos por el principio de autonomía de la voluntad, que permite hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido en la ley. Hay una enorme diferencia entre ambos y en las implicaciones que de ellos se derivan. Al principio de legalidad lo acompaña la obligación de velar por los asuntos públicos, y ello también implica reconstruir, regenerar e innovar el Estado para esta y las generaciones venideras.

Quizás no haya necesidad de ahondar mucho en el diagnóstico de situación del sistema político costarricense actual. Baste con incorporar en la ecuación la creciente animadversión de la ciudadanía por la gestión pública, la virtual inoperancia del aparato estatal, y la incapacidad de siquiera conversar, como pueblo, acerca de los escenarios que querríamos ver realizados en veinticinco años -allá por el 2040- para comprender que nuestro país está sumido en la peor crisis sistémica desde 1948.

Ello debe llamar a la reflexión sensata y sosegada para pronosticar qué sucedería si no hacemos nada al respecto y continúa degradándose la cosa pública. Debe conducirnos, además, a la comprensión de que el deterioro de los asuntos públicos nos afecta directa y negativamente en el ámbito familiar y privado, pues es de la riqueza y bienestar colectivos de los cuales derivamos riqueza y bienestar individuales.

Finalmente, y más importante que todo, debe llevarnos a la colaboración sinérgica para la creación de nuevo valor colectivo, lo cual es responsabilidad de todo ciudadano, independientemente de si ejerce la función pública o es sujeto privado. La sinergia sólo es posible si generamos y promovemos confianza sostenida y sostenible entre la administración, que se refiere tanto al gobierno como al aparato estatal, y el pueblo, que es el que realmente crea el valor que enriquece al país. Regenerar esa confianza debería ser el objetivo número uno de toda legislatura, de todo gabinete, de todo líder público o aspirante, de todo partido político, de todo centro de pensamiento y de toda tertulia en cada sobremesa familiar o de amigos.

Sin lugar a dudas, estamos ante un gran conflicto y este nos pertenece. No le podemos delegar su solución a otros, ni responsabilizar a nuestros padres ni heredarlo a nuestros hijos.

No querríamos llegar a los años 2030 y 2040 sintiendo lo que sentimos hoy, que en los veinte años que transcurrieron desde finales del siglo pasado hasta hoy hemos avanzado menos de lo que podría haber sido. Podemos más. Merecemos más. Lo que debemos preguntarnos a partir de hoy es si queremos más; si creemos que es posible ver el cambio antes de que crezcan nuestros hijos; y ante todo, si podemos inspirarnos como nación para ser líderes y gestores de la transformación que urgentemente pide a gritos nuestro sistema.

Los cambios radicales sólo suceden en la actitud de las personas. De nosotros depende persuadir a otros a través de las buenas ideas y crear nuevo valor que nos devuelva la riqueza que hemos dilapidado.

viernes, 14 de junio de 2013

Referéndum para una Constituyente


Basta de diagnósticos y notables propuestas. La camisa de fuerza con la que hemos sujetado al sistema político costarricense ha llegado a un punto de quiebra, lo cual es buena o mala noticia. Mala, si la ruptura sucede de manera violenta o destructiva o a un altísimo costo para el Estado y para la nación costarricense. Buena, si por el contrario es una ruptura apegada a los más arraigados valores democráticos, en respeto del Estado Social de Derecho y en procura de justicia para la mayoría y simultáneamente para la gran diversidad de minorías que integran nuestra pequeña gran nación. 

Sólo un iluso podría creer que si no hacemos nada, el curso normal de las cosas arreglará nuestros más apremiantes problemas nacionales. Si por la víspera se saca el día, la elección presidencial que se avecina no traerá mayores cambios que nos permitan recuperar la ilusión por una patria más próspera. Al desarrollo no llegaremos haciendo pequeñas mejoras graduales a un sistema insostenible. Llegaremos empujando de golpe y abriendo de par en par las puertas que nos deparen un futuro merecido y de bienestar real para todos. 


Dada la vigorosa institucionalidad con que cuenta Costa Rica, es oportuno considerar la herramienta del referéndum para provocar una ruptura armoniosa del sistema jurídico y político, participativa para toda la ciudadanía y que resulte en una transformación eficaz del entrabamiento que ya comienza a sentirse patológico. 

¡Convoquemos a un referéndum! Que se vote sí o no a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Que sea integrada por representantes de toda agrupación que ofrezca pliegos de reformas que enriquezcan la Constitución actual y no que la debiliten, para refundar la República y que continúe virtuosa y rica por el resto de este siglo. 

Que la conformación de la Constituyente siga un proceso simple: si un grupo de mil personas presenta un pliego de reformas que cumpla los requisitos que establecería el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), obtiene el derecho de representación por medio de una curul constituyente. Para consolidar ese derecho, deben respaldar su iniciativa con 30.000 firmas, que es aproximadamente el número de votos necesario para elegir un diputado en elecciones actuales.

De esta manera, se integra una Asamblea Nacional Constituyente por 18 meses durante los cuales gobierna el presidente de turno mientras se define la nueva Constitución. La Asamblea tomaría todas las decisiones por mayoría simple sin derecho a apelación, y no hay ruptura de quórum.  

Habrá muchos peros. Resolvámoslos uno a uno. No nos privemos de la oportunidad de restaurar el Estado antes de que una ruptura violenta agudice el desorden y signifique un costo muy alto para todos y cada uno de nosotros. 

Quizás nos entusiasme la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía y patriotismo democráticamente para forjar juntos un mejor futuro para todo aquel que desee hacer de Costa Rica su hogar.