Anteponerse al caos.

En medio del letargo que se vive en el país desde hace algunas décadas, es preocupante la manera en que nos hemos acostumbrado a vivir aceptando y presumiendo de ciertos mitos sobre la imagen del país, sin detallar sobre cuán certero es que éstos se cumplan en la vida diaria de nuestra nación. Dos concepciones que solemos reputar como ciertas, sin serlo, queremos destacar en esta opinión:  

EDUCACIÓN. Se ha repetido hasta el cansancio que en Costa Rica se abolió el ejército como institución permanente para destinar más fondos a la educación. Haber rechazado las tendencias castrenses típicas de la región latinoamericana, siempre será un logro encomiable. En aquel entonces, no fue un gesto extraño, si se considera que desde los primeros años de vida independiente, las instituciones cívicas recibieron marcadas influencias de al menos cinco educadores de primer nivel. Hablamos de Julián Volio, Mauro Fernández, Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge y Omar Dengo.

En 1948, el país podía presumir de haber consagrado la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria desde 1869.  Pero hoy, en la modernidad del siglo XXI ¿Cuál es el escenario de la educación pública costarricense? Uno muy absurdo y dispar. En medio de las protestas del pasado 25 de junio, el señor Gilberto Cascante, Presidente de la Asociación Nacional de Educadores, (Entrevista ¿Por qué marcha la gente?) habló en nombre de docentes de todo el territorio nacional, para expresar su frustración ante el deterioro constante que han sufrido los centros educativos estatales. En su mayoría, éstos carecen de la infraestructura básica (cielorrasos, baños, lavatorios) y ni qué decir de las herramientas tecnológicas, imperativas en la actualidad. A vista y paciencia de todos, la brecha con la educación privada crece de forma exponencial.

Mientras en varios centros educativos privados los estudiantes tienen computadoras y tabletas electrónicas desde el día uno (sin que esta observación implique un elogio a dicha tendencia), en los recintos estatales los maestros batallan por adquirir los instrumentos básicos para impartir una lección.

Siéntanse invitados los lectores, de acudir a las escuelas y colegios públicos para verificar esta palpable calamidad. Ni siquiera aquellos lugares emblemáticos, como el Liceo de Costa Rica, se han librado del inminente deterioro. ¿Podemos seguir afirmando que cumplimos las metas propuestas en esta materia, hace más de sesenta años?

AMBIENTE. A escasos días del Día Mundial del Ambiente, ocurrió un evento trágico que merecía decretar el duelo nacional. El joven conservacionista Jairo Mora fue asesinado en Limón, en las playas por cuya protección velaba.  Este homicidio fue, en palabras de Jorge Vargas Cullell  (Columna Enfoque. 6 de junio), un atentado contra el Estado como orden  público.  Más preocupante aún, demostró que las autoridades políticas del país están perdiendo la dirección de una de las pocas cosas sobre las que todavía mantenían control: La capacidad básica, esencial, de preservar el orden público.

Además de alertarnos sobre la situación de inseguridad que se atraviesa, la muerte de Jairo Mora provocó que adalides de las causas ambientales  manifestaran su disconformidad con el mito del ambiente, afirmando que en Costa Rica se vive una mentira verde (Edición del períodico La Nación. Día del Ambiente). Al respecto, el profesor Jorge Lobo, Doctor en Biología de la UCR, escribió que la “verdad de nuestra imagen verde debe ser conocida, porque la ciudadanía y el mundo pueden pensar que nuestro ambiente y biodiversidad están a salvo. Nada más falso”. El destacado ecólogo, Daniel Janzen, expresó con voz positiva, que Costa Rica todavía está a tiempo, y urgió la necesidad de estimular e incentivar la formación de defensores de la naturaleza.

Ahora bien, algo resultó muy claro el pasado 5 de junio: De no ser el suceso deplorable que describimos, que obligó a abrir los ojos,  el Día Mundial del Ambiente hubiese transcurrido una vez más exento de críticas, en medio de presunciones y mentiras. En este sentido, cabe preguntarnos ¿cuántas historias sobre la vida nacional dejaremos desarrollarse, sin verificar si éstas de verdad se cumplen?  

ALGO QUE NO ES UN MITO. Dentro de los múltiples aspectos que hacen del futuro de Costa Rica una causa que amerita todos nuestros esfuerzos, hay una virtud de la que goza esta nación, que dista mucho de ser una falsedad. Nos referimos a su estabilidad política.  La tradición civilista de nuestro país, es su mejor baluarte y ahí radica su potencial.  

Incluso en algunos de los territorios más antiguos del mundo, el orden continúa siendo una quimera.  A partir del año 2010, hemos sido testigos de la ola de revoluciones y protestas que se han desarrollado en el mundo árabe. A la fecha, la mayoría de los países que desencadenaron movimientos ciudadanos en sus territorios, no han logrado cesar los enfrentamientos bélicos. A la fecha, cada minuto, la región sigue siendo una hecatombe.

Costa Rica, inmerso en una región de conflictos, ha sido un oasis en la protección de los derechos humanos. Ningún costarricense que haya nacido en los últimos sesenta años ha presenciado un conflicto armado en su territorio. Eso es una realidad indiscutible de la vida democrática del país.

Meditar sobre lo que implica vivir en un país con estabilidad política, con la seguridad de no estar expuestos al rompimiento del orden constitucional, debería ser suficiente para impulsarnos hacia la búsqueda de consensos y la solución de problemas. La reflexión, sobre  una verdad perceptible con solo salir de casa, es anteponerse al caos que podría  alcanzarnos de no enfrentar los retos que se están gestando, cada vez con más fuerza.

Planificar el país que queremos

Basta leer las noticias cada día para evaluar la dinámica social que elucubra una mezcla de tonos entre el espíritu proactivo de miles de personas que han tomado el deber y la responsabilidad en sus manos; aunado desafortunadamente, a una creciente desesperanza de que en Costa Rica puedan lograrse cambios coyunturales. Principalmente, porque las noticias sobre el desempeño del gobierno central y gobiernos locales en las últimas décadas francamente desanima, lo que tiene entre sus consecuencias, la confusión de los deberes como sociedad.

Aunque es una buena práctica retomar lo positivo ante lo negativo, no podemos evitar que noticias sobre la situación social del país recorran como torbellino de preguntas: ¿Qué nos ha hecho estancarnos en la imagen y realidad tercermundista teniendo los recursos que tenemos? ¿Qué hace que un país de casi cinco millones de habitantes no pueda surgir como un país desarrollado? ¿Que hace que una Asamblea Legislativa, un gobierno como un todo y tantas organizaciones no gubernamentales, entre otros, no logremos trabajar al unísono por el ideal de un proyecto llamado “país desarrollado”, con crecimiento positivo de índices sociales y de investigación científica, con inversiones que nos saquen de los grandes socavones de la mediocridad o el subdesarrollo? Muchas personas por sentido común o por su alta preparación (que abundan en nuestro país) podrán darme respuestas concretas o bien, quedarse en la resignada y muy usada respuesta de que “en Costa Rica no se puede gobernar”. Sin embargo, cuando reflexionamos en estos aspectos, no es posible que sigamos basados en la idea de que no se pueden lograr cambios estructurales, especialmente en un país con el potencial devengado de la historia como nación.

Los costarricenses hemos sido testigos de que los buenos principios, el empeño por salir adelante y la solidaridad fueron las claves que marcaron la historia del país, ya que muchas personas con gran visión y dedicación direccionaron el desarrollo y el auge en la economía de esta pequeña región. Nos hemos erguido al comentar que somos un país sin ejército, que somos ejemplo internacional de programas de conservación de la naturaleza y desarrollo en la educación (al menos este es el discurso colectivo). Lo mismo aplicaría en lo referente a los aspectos negativos de aquellos que con un discurso silencioso lleno de antivalores han hecho que estemos y vayamos decreciendo en índices de desarrollo social, creciente corrupción, proyectos ineficientes, falta de solidaridad y cooperación de esos representantes que un día se propusieron la gran tarea de llevar las riendas del país. Si bien es una labor de admirar porque casi que de ellos depende el futuro de todo un país, no debemos olvidar que es su trabajo, y por ello reciben un salario. Por ello deben dar cuentas. Es una responsabilidad de todo el país que la sociedad funcione de manera eficiente, mas nuestros representantes llevan gran parte de ese deber y responsabilidad porque así lo escogieron, y en algunos casos, porque el pueblo les compartió ese deber. Trabajo por el que entonces deben cuentas, y sobre todo, mostrar respeto a quienes representan.

¿Las consecuencias de la falla en la planificación, falta de acciones o de malas acciones? Innumerables, pero resalto la falta de planificación como base para el éxito de los proyectos, la falta de acciones concretas para mejorar la calidad de vida del ciudadano como son mejores vías, transporte público, sistema de salud y el aumento del salario mínimo en un país donde el costo de la vida cada día se asemeja al de países desarrollados que sí tienen salarios acordes a esos niveles. Aún más, la falta de una lucha coherente por un país desarrollado que acabe con el letargo en el desarrollo de infraestructura, y que clarifique la viabilidad de vernos muy por encima de donde hoy estamos.

Desde la perspectiva de la administración exitosa de proyectos, no se acepta que nuestro país no pueda ser más eficiente en todo su sentido. Si bien para cumplir ese alcance tenemos una serie de objetivos y metas que en su ciclo organizativo cuentan además con una cartera de proyectos vitales alimentados de sub-proyectos, es difícil aceptar la razón de los indicadores tan desesperanzadores en el alcance de los proyectos. De acuerdo con algunas definiciones un proyecto es un “conjunto de objetivos, políticas, metas y actividades a realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados recursos”. Entonces llegamos al punto clave de valorar: ¿Cuáles acciones determinan el cumplimiento de estas metas? ¿Cuáles indicadores se utilizan para saber que los objetivos y metas son alcanzables? ¿Están en constante evaluación las acciones que llevarán a obtener los resultados en el tiempo y calidad estimados durante la planificación?

¿Hacia dónde van nuestros proyectos y políticas de desarrollo? ¿Cómo podemos los costarricenses contribuir en la mejora continua según nuestras responsabilidades ciudadanas?

Estamos buscando soluciones porque la desesperanza y el desorden se están aliando a una negatividad colectiva que solo va en detrimento de la sociedad. Semana tras semana se oyen propuestas, gente que refleja la educación por la que algunos líderes apostaron hace ya muchas décadas, pero el gobierno hace caso omiso, y es negligente a buscar el punto de cambio necesario en la dirección de toma de decisiones. Así esta tan admirada quimera llamada democracia se pierde en el ocaso a la luz de la corrupción, el desorden y la falta de voluntad. Mientras un pueblo se amalgama entre histeria, desesperanza y de vez en cuando en voces de aliento. Debemos pasar de la reflexión a la acción y esto implica ¡trabajar coherentemente por ello! Y la base debe estar en la honesta planificación. Y desde esta vorágine, una frase de Ernesto Sábato que bien puede aplicar a la urgencia de la buena planificación: si nos cruzamos de brazos seremos cómplices de un sistema que ha legitimado la muerte silenciosa.

Gestión pública y creación de valor

La función pública tiene la doble misión de administrar la riqueza de la nación e incrementar ese valor. Si nos limitamos solamente a la primera tarea, con el tiempo se corroe, degrada y disminuye lo que fue creado por nuestros antepasados. ¿Estamos creando valor o solamente administrando el que fue creado el siglo pasado? 

El Estado es un buen ejemplo de la tragedia de los comunes: al no pertenecerle a nadie, depende de la custodia de la nación, la cual ejerce su soberanía eligiendo representantes de turno para que gestionen dicha custodia, que se refiere tanto a la administración como a la creación de nuevo valor.

La gestión pública es compleja y complicada. Requiere, en parte, resolver los problemas que se acarrean desde tiempo atrás. Además, debe velar por los problemas actuales, sobre todo aquellos que son periódicos e incluso cotidianos. Encima de ello, debe ser capaz de visualizar escenarios futuros de los conflictos presentes e imaginar soluciones que los transformen eficazmente con una visión de prosperidad que sea comunicada a la ciudadanía en busca de adeptos, aportes voluntarios y generación de confianza.

Paralelo a esta titánica tarea, el Estado debe ser capaz de reformarse a sí mismo, de actualizarse a los tiempos, de corregir fallas sistémicas que mejoren su quehacer y lo conviertan en una organización más eficaz para satisfacer las necesidades de la población.

Por si fuera poco, el Estado está constreñido por el principio de legalidad, que exige al funcionario público hacer sólo aquello que esté expresamente mandado por ley. En parte, en esto hemos fallado cuando personas del ámbito privado asumen puestos públicos y continúan comportándose como sujetos privados regidos por el principio de autonomía de la voluntad, que permite hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido en la ley. Hay una enorme diferencia entre ambos y en las implicaciones que de ellos se derivan. Al principio de legalidad lo acompaña la obligación de velar por los asuntos públicos, y ello también implica reconstruir, regenerar e innovar el Estado para esta y las generaciones venideras.

Quizás no haya necesidad de ahondar mucho en el diagnóstico de situación del sistema político costarricense actual. Baste con incorporar en la ecuación la creciente animadversión de la ciudadanía por la gestión pública, la virtual inoperancia del aparato estatal, y la incapacidad de siquiera conversar, como pueblo, acerca de los escenarios que querríamos ver realizados en veinticinco años -allá por el 2040- para comprender que nuestro país está sumido en la peor crisis sistémica desde 1948.

Ello debe llamar a la reflexión sensata y sosegada para pronosticar qué sucedería si no hacemos nada al respecto y continúa degradándose la cosa pública. Debe conducirnos, además, a la comprensión de que el deterioro de los asuntos públicos nos afecta directa y negativamente en el ámbito familiar y privado, pues es de la riqueza y bienestar colectivos de los cuales derivamos riqueza y bienestar individuales.

Finalmente, y más importante que todo, debe llevarnos a la colaboración sinérgica para la creación de nuevo valor colectivo, lo cual es responsabilidad de todo ciudadano, independientemente de si ejerce la función pública o es sujeto privado. La sinergia sólo es posible si generamos y promovemos confianza sostenida y sostenible entre la administración, que se refiere tanto al gobierno como al aparato estatal, y el pueblo, que es el que realmente crea el valor que enriquece al país. Regenerar esa confianza debería ser el objetivo número uno de toda legislatura, de todo gabinete, de todo líder público o aspirante, de todo partido político, de todo centro de pensamiento y de toda tertulia en cada sobremesa familiar o de amigos.

Sin lugar a dudas, estamos ante un gran conflicto y este nos pertenece. No le podemos delegar su solución a otros, ni responsabilizar a nuestros padres ni heredarlo a nuestros hijos.

No querríamos llegar a los años 2030 y 2040 sintiendo lo que sentimos hoy, que en los veinte años que transcurrieron desde finales del siglo pasado hasta hoy hemos avanzado menos de lo que podría haber sido. Podemos más. Merecemos más. Lo que debemos preguntarnos a partir de hoy es si queremos más; si creemos que es posible ver el cambio antes de que crezcan nuestros hijos; y ante todo, si podemos inspirarnos como nación para ser líderes y gestores de la transformación que urgentemente pide a gritos nuestro sistema.

Los cambios radicales sólo suceden en la actitud de las personas. De nosotros depende persuadir a otros a través de las buenas ideas y crear nuevo valor que nos devuelva la riqueza que hemos dilapidado.

Referéndum para una Constituyente

Basta de diagnósticos y notables propuestas. La camisa de fuerza con la que hemos sujetado al sistema político costarricense ha llegado a un punto de quiebra, lo cual es buena o mala noticia. Mala, si la ruptura sucede de manera violenta o destructiva o a un altísimo costo para el Estado y para la nación costarricense. Buena, si por el contrario es una ruptura apegada a los más arraigados valores democráticos, en respeto del Estado Social de Derecho y en procura de justicia para la mayoría y simultáneamente para la gran diversidad de minorías que integran nuestra pequeña gran nación. 

Sólo un iluso podría creer que si no hacemos nada, el curso normal de las cosas arreglará nuestros más apremiantes problemas nacionales. Si por la víspera se saca el día, la elección presidencial que se avecina no traerá mayores cambios que nos permitan recuperar la ilusión por una patria más próspera. Al desarrollo no llegaremos haciendo pequeñas mejoras graduales a un sistema insostenible. Llegaremos empujando de golpe y abriendo de par en par las puertas que nos deparen un futuro merecido y de bienestar real para todos. 

Dada la vigorosa institucionalidad con que cuenta Costa Rica, es oportuno considerar la herramienta del referéndum para provocar una ruptura armoniosa del sistema jurídico y político, participativa para toda la ciudadanía y que resulte en una transformación eficaz del entrabamiento que ya comienza a sentirse patológico. 

¡Convoquemos a un referéndum! Que se vote sí o no a la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. Que sea integrada por representantes de toda agrupación que ofrezca pliegos de reformas que enriquezcan la Constitución actual y no que la debiliten, para refundar la República y que continúe virtuosa y rica por el resto de este siglo. 

Que la conformación de la Constituyente siga un proceso simple: si un grupo de mil personas presenta un pliego de reformas que cumpla los requisitos que establecería el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), obtiene el derecho de representación por medio de una curul constituyente. Para consolidar ese derecho, deben respaldar su iniciativa con 30.000 firmas, que es aproximadamente el número de votos necesario para elegir un diputado en elecciones actuales.

De esta manera, se integra una Asamblea Nacional Constituyente por 18 meses durante los cuales gobierna el presidente de turno mientras se define la nueva Constitución. La Asamblea tomaría todas las decisiones por mayoría simple sin derecho a apelación, y no hay ruptura de quórum.  

Habrá muchos peros. Resolvámoslos uno a uno. No nos privemos de la oportunidad de restaurar el Estado antes de que una ruptura violenta agudice el desorden y signifique un costo muy alto para todos y cada uno de nosotros. 

Quizás nos entusiasme la posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía y patriotismo democráticamente para forjar juntos un mejor futuro para todo aquel que desee hacer de Costa Rica su hogar.

HAGAMOS POLITICA

Hace casi cien años, el educador Omar Dengo invitó a los jóvenes costarricenses a cumplir con el “deber moral de ser inteligentes” y hacer política del modo adecuado a través de dos tareas ciudadanas ineludibles: la formación de opiniones críticas y el interés por los asuntos patrios.

Los albores del siglo XXI constituyen la mejor oportunidad para atender dicho llamado y es justo añadir la misión de honrar a las generaciones precedentes, cuyos legados hemos aprovechado en las últimas décadas.  Llega el momento de retribuir y trazar el mejor camino posible para el futuro del país.    

Sin importar cuán grande el descontento o escepticismo hacia los políticos de turno o las decisiones de actuales gobiernos, estamos en la obligación de atender los problemas nacionales de cualquier índole. Para lograrlo, no hace falta ostentar cargos públicos; ni siquiera resulta necesario tener aspiraciones de tal naturaleza.

Es posible lograr un cambio sustancial en el manejo de las cosas públicas siendo mejores ciudadanos.  Colaborar con las escuelas o municipios locales; plantear ideas para fortalecer la seguridad de nuestros barrios; promover la culturización de quienes nos rodean,  son escasos ejemplos de lo que se puede lograr  desde el ámbito privado.

La Costa Rica de hoy no requiere de caudillos o gamonales que prometan salvaciones cada cuatro años. Sin embargo, para combatir sus problemas torales está en necesidad de generaciones  comprometidas con su historia y  sus destinos, que presten atención a  posibles soluciones desde sus propios hogares. 

Olvidemos la idea de estar en casa criticando y a la espera que el Estado resuelva toda clase de situaciones, incluyendo algunas  de carácter particular. En contraposición, participemos de las cuestiones cívicas con orgullo. Dediquemos parte del día a considerar diferentes formas de proyectarnos en la comunidad.